Cerca de 30.000 extremeños están percibiendo algún tipo de prestación económica o servicio de la Ley de Dependencia. Pero hay 6.300 beneficiarios que tienen concedido algún tipo de ayuda y no la están percibiendo y, además, otros 7.600 extremeños que la han solicitado y están esperando ser valorados. Y estas dos listas de espera son el principal cuello de botella del sistema de la dependencia que adolece, principalmente, de falta de financiación.
La normativa estatal establece que la financiación sería compartida entre las comunidades y el Estado al 50%, aunque la realidad es que el sistema se mantiene por la aportación de la comunidad que asume, en el caso de Extremadura, más del 80% del coste total. Así lo señaló ayer el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado, en una entrevista en Canal Extremadura Radio.
Mientras esperan una mejora de la financiación, a expensas del nuevo gobierno estatal, Extremadura estrena hoy los cambios realizados en el decreto regional que regula las ayudas a la dependencia para intentar desbloquear al menos las largas esperas del sistema para acceder a la valoración. Para ello, entre los cambios que empiezan a funcionar hoy está una única visita de los equipos de valoración del Sepad que se desplazan a las casas de los solicitantes. «Hasta ahora eran necesarios al menos dos visitas en el domicilio con lo que eso conlleva en una comunidad extensa y rural como la extremeña», explica Granado.
Pero ahora sólo será necesario una visita a casa para ser valorado, gracias a que los equipos del Sepad contarán con la ayuda de los trabajadores sociales de los servicios sociales de base (municipales o mancomunados) que previamente elaborarán un informe sobre el entorno social del solicitante para que la valoración sea más rápida. «Con ese informe los equipos van a tener mucha más información, contarán con una descripción del contexto social en el que vive esa persona y será más fácil, con una única visita prácticamente van a poder tener el Plan Individualizado de Atención (PIA) definido», explicó Granado. También contribuirán a dar más agilidad al sistema los trabajadores sociales del SES –facilitan además un informe sanitario del usuario– y los que se encuentren en centros residenciales «para aquellos cuya situación haya cambiado y tengan que variar de grado o nivel».
Otra de las novedades del decreto que entra en vigor hoy es que habrá un plazo máximo de seis meses entre que una persona solicite la ayuda a la dependencia y se realice esa única visita del equipo de valoración; y también tendrá la administración un mayor margen para recabar de oficio parte de la documentación requerida. «Eso supone quitar trabajo administrativo y acortar los tiempos».
La máxima en el Sepad es, según su director gerente, intentar atender a los dependientes en sus entornos el máximo tiempo posible. «Tenemos que trabajar más para que la ayuda a domicilio, la televigilancia avanzada, el servicio de cátering, el acompañamiento a la soledad… sea en el entorno para evitar el desarraigo, porque la casa encierra un mundo de afectos y emociones que da calidad y tiempo de vida».
Fuente: El Periódico Extremadura