SU PRESIDENTE, JUAN CARLOS CAMPÓN, CRITICA QUE EL ANTEPROYECTO DE LEY ELIMINE LA EXCEPCIONALIDAD DE LOS CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR, PERO APLAUDE EL FIN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ENTRE PRESTACIONES Y LA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINSITRACIONES DE DESARROLLAR PLANES DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

La Asociación de Residencias de Extremadura (ASOREX) ve “luces y sombras en el anteproyecto que reforma la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Su presidente, Juan Carlos Campón, valora que se trata de “un paso necesario” para adaptar la normativa a las necesidades actuales de la sociedad, pero advierte de que “sin un compromiso firme de financiación y sin una mayor profesionalización del sector, los avances se quedarán solo en un papel y no mejorarán los cuidados que se prestan a las personas más vulnerables”.

Para Asorex, uno de los puntos más preocupantes de la reforma es la equiparación del cuidado no profesional con los servicios profesionales. “Siempre hemos defendido que el cuidado no profesional debía ser una excepción y ahora lo han convertido en una prestación más”, apunta Campón, para quien esto es una “mala noticia”, especialmente para las mujeres que  son mayoritariamente las que soportan el peso del cuidado de las personas mayores o personas en situación de dependencia en los hogares. “Esta decisión perpetuará las desigualdades y puede traducirse en una precarización de los cuidados”, advierte.

Además, Asorex pone en cuestión la capacidad real de la ley para reforzar la atención domiciliaria, cuando no prevé un aumento de financiación para los servicios a domicilio ni para incrementar la cuantía de las prestaciones económicas destinadas a cuidados familiares.

Entre los cambios que sí considera positivos, Campón destaca la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones del sistema. “Hasta ahora, una persona en un centro de día no podía acceder a ayuda a domicilio ni a otros servicios. La reforma rompe con esa limitación y permite una atención más flexible. No todo es blanco o negro”, subraya el presidente de Asorex.

Otro punto clave de la reforma es la obligatoriedad para las administraciones de desarrollar planes de coordinación sociosanitaria. “Después de la pandemia, es evidente que la atención sanitaria en residencias debe ser mejorada, pero las residencias no son hospitales. Actualmente, las personas mayores que viven en estos centros sufren una discriminación sanitaria por el simple hecho de residir en ellos”, señala Campón.

El problema de siempre: sin financiación, no hay avances reales

Desde Asorex insisten en que sin una inyección de recursos económicos, cualquier reforma quedará “en papel mojado”. “Llevamos casi 20 años con una ley que nació con carencias. Desde el primer momento quedó claro que la previsión de financiación era insuficiente, y los problemas se han ido acumulando”, explica Campón, quien recuerda que España, pese a las denuncias constantes del sector, está a la cola en gasto en Dependencia. Destina menos del 0,8 del PIB cuando la media europea está en el 1,6%. “La diferencia es brutal y se traduce en una atención con recursos insuficientes”, apostilla el presidente de la Asociación de Residencias de Extremadura.

Falta de profesionales: el gran problema que la reforma ignora

Otro de los aspectos que preocupan a Asorex es la falta de medidas para solventar la escasez de profesionales en el sector. “Se habla mucho de cuidados, pero no se dice cómo se va a solucionar la falta de personal. Si no tenemos profesionales cualificados, difícilmente podremos garantizar una atención de calidad”, advierte Campón.

Una apuesta por la calidad y la colaboración público-privada

Asorex seguirá trabajando para garantizar que la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad no solo sea un cambio normativo, sino una verdadera mejora en la atención a las personas mayores y en situación de dependencia, donde se establezca un marco de colaboración público-privada, en el que la financiación de las plazas se evalúe conjuntamente entre las administraciones y los operadores que prestan servicio, en base a parámetros que permitan evaluar el coste real de los servicios.

“Hemos avanzado en los últimos tres años con un incremento del 30% en la financiación de los recursos públicos, pero aún queda un paso clave: conseguir un acuerdo marco que estructure definitivamente el sector, sin que el precio sea el único criterio a tener en cuenta. La calidad y la libertad de elección del usuario deben primar sobre cualquier otro factor”, concluye Campón.